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De los cinco millones anuales para provisiones solo 345.000 euros se quedan en Gran Canaria

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La nueva cárcel se abastece en la Península y en Tenerife


En la Isla solo compra los helados, por 8.160 euros, y el pescado congelado, con una partida de 336.963 euros

JUANJO JIMÉNEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El café, de Tenerife. La leche, los huevos y los yogures, de Tenerife. Las papas, de Tenerife, y los ajos y las cebollas, también chicharreros.

El resto, como las pastas, la verdura, las salsas, el pollo, el aceite, la bollería, la carne, los embutidos, las especies, el arroz, e incluso los huevos, todo de la península.

El avituallamiento de la nueva prisión de Juan Grande, o centro Las Palmas II, toda una ciudad penitenciaria compuesta por 28 edificios para más de mil presos y varias decenas de funcionarios, es de fuera. Se trata de casi cinco millones de euros anuales, adjudicados el pasado 22 de diciembre y publicados en el BOE cinco días después, de los cuales solo 8.160 euros, por los helados, más otros 336.963 euros, por el pescado congelados, se quedan en Gran Canaria.

La empresa Acacio S.L, de Granada, se lleva el grueso de este presupuesto anual, con 2.611.150 euros mientras que para empresas radicadas en Tenerife se desembolsarán 824.200 euros.

Estas cifras contradicen el espíritu inicial defendido por Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, para justificar, entre otros motivos, la implantación de la nueva cárcel de Gran Canaria. Sí se ha cumplido el objetivo de acercar a los presos canarios que cumplían sus penas en la Península, como también el de desmasificar la población reclusa de la antigua cárcel del Salto del Negro, pero no el de crear una inercia económica en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, como denuncia el Concejo Abierto de Vecinos de Castillo del Romeral, asociación que ha revelado el origen de los productos que surten al centro.

El concejo asegura que durante la construcción del centro, inaugurado el pasado verano, "no se compró en la zona ni un solo tornillo" ni tampoco generó empleo significativamente por la necesidad, según Instituciones Penitenciarias, de recurrir a personal cualificado para ejecutar las obras.

No obstante, antes de su emplazamiento, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios hacía público un informe en el que se afirmaba que unas 60 empresas del sur y sureste de Gran Canaria participarían en la construcción de su entramado urbano. Además calculaba que el 90 por ciento de los empleados del penal -684 personas-, fijarían sus residencias en los barrios cercanos a la prisión y que se crearían 125 empleos indirectos de proveedores de bienes y servicios a los que habría que añadir otros 88 de empresas relacionadas.

Por último subrayaba que el entorno se beneficiaría de las mayores medidas de seguridad inherentes a este tipo de instalaciones. En este último aspecto el concejo también recalca que ni en ese punto se ha acertado, "porque en los últimos meses se suceden los robos de cableado y se han metido a robar en colegios y guarderías".