A la espera del BOE, donde de momento está prohibido mentir, los contenidos de los temidos Presupuestos Generales del Estado conocidos este viernes han dejado petrificado a todo el país, Canarias incluida. Es grave el recorte de 65 millones de euros a la partida asignada para subvencionar el transporte de pasajeros entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el continente; pero es grave también que se volatilicen 1.500 millones de euros para políticas activas de empleo, que por empezar a afectar tiene que hacerlo de manera más acentuada a las regiones que más paro sufren, verbigracia la de Canarias. Sin olvidar el serruchazo definitivo a la aplicación de la Ley de la Dependencia, la cuarta pata del Estado del Bienestar, que en Canarias también se notará a pesar de la incapacidad de nuestras autoridades locales para aplicarla cuando había vacas gordas.
Pero las miles de familias que aún albergaban alguna esperanza de poder atender mejor a los suyos ya pueden darse por vencidos. No habrá dinero tampoco para eso.
También perjudicará a todos los canarios la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de incrementar en un 7% el precio de la energía, incremento que afectará de manera dramática a tantas y tantas familias con exiguos recursos para los que cinco euros con los que completar el recibo e ir al banco a pagar la luz se convierte a veces en un drama. Con el agravante de que el régimen de monopolio energético en el que nos desenvolvemos nos impide acceder a cualquier otra opción que la de pasar por el tormento abusivo de Endesa.
Pagar la electricidad más cara de España y ver cómo se nos escapan oportunidades para tenerla mucho más barata gracias a las condiciones extraordinarias para explotar las energías limpias es una frustración más para los canarios y para nuestro modelo económico. Y tener que soportar que sea un ministro canario que durante su gestión en Canarias cortocircuitó cualquier posibilidad a las renovables quien provoca ese sablazo a las cuentas domésticas encoleriza aún más a los ciudadanos.
Demasiadas agresiones en ciento y pico días. La de la reducción en 65 millones de euros de las partidas para las subvenciones al transporte aéreo y marítimo de pasajeros no tiene por qué traducirse de inmediato en una pérdida del 50% de indemnización que reciben las compañías aéreas por cada residente archipielágico, ultraperiférico o no. Pero coincide peligrosamente con un brutal encarecimiento del precio de los billetes tras el traumático cierre de Spanair. Y el encarecimiento supone que las subvenciones se incrementarán notablemente hasta el límite de su agotamiento. La pregunta entonces se convierte en inevitable: ¿garantiza el Gobierno que cuando se acabe esa partida se incrementará de modo suficiente para cubrir el compromiso?
Porque es muy difícil confiar en un Gobierno que se contradice cada viernes cuando reformula ante los ciudadanos sus propuestas electorales y sus posicionamientos de hace menos de un año, cuando desde la postura de irresponsable y comodona oposición que adoptó cuando España entraba en su primera recesión no hacía otra cosa que descalificar las medidas que ahora abraza en sus dimensiones más desproporcionadas.
Quizás de todas las contradicciones que afloraron este viernes la de la amnistía para los defraudadores al fisco sea la más llamativa y la más sangrante. Porque todo el PP, desde el presidente del Gobierno hasta su ministro de Hacienda, se fustigaron hasta límites de faquir cuando se insinuó que Zapatero y los suyos pretendían una amnistía similar a la que ahora se aprueba. Resulta que es el mismo Gobierno que nos sube el IRPF y el IBI el que quiere perdonar a los que guardan dinero negro bajo el colchón que ni han pagado IVA ni IGIC, que compran boletos de Lotería premiados, que han obtenido ese dinero por métodos ignotos, algunos probablemente vinculados al tráfico de drogas o de personas. Es verdaderamente grandioso y muy sintomático.
Pero habrá que esperar al BOE. Es un tostón, pero de momento es de fiar.
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